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Intentó asesinar a su ex pareja a machetazos en julio de 2020, hoy ha sido sentenciado por tentativa de feminicidio.

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•        La Fiscalía General de Justicia presentó los elementos probatorios reunidos durante la investigación, lo que derivó en una sentencia condenatoria de 15 años en prisión.

Irapuato, Gto., 19 de mayo de 2022.- En juicio oral, un hombre fue sentenciado a 15 años de cárcel, al ser encontrado culpable del delito de feminicidio en grado de tentativa. Este sujeto, en el mes de julio de 2020, se introdujo al domicilio de su ex pareja y la tundió a machetazos. La oportuna intervención de vecinos impidió ALFREDO “N” la asesinara como era su intención.

En esta fecha, la Fiscalía General del Estado a través del Centro de Justicia para las Mujeres, estuvo presente en la audiencia de juicio oral cuyo objetivo es esclarecer los hechos, mediante la presentación de pruebas obtenidas durante la etapa de investigación e interrogando a las partes involucradas, quienes expusieron razones y alegatos a favor y en contra de sus respectivas posiciones.

La acusación objeto del juicio, así como los hechos materia de la acusación, fueron expuestos por la Agente del Ministerio Público especializada, se hizo mención que, en el mes de julio de 2020, el imputado se introdujo al domicilio de su ex pareja y la agredió con un machete.

La Fiscalía General de Justicia presentó los elementos probatorios reunidos durante la investigación, lo que derivó en una sentencia condenatoria, en respeto irrestricto del principio constitucional de justicia pronta, completa e imparcial.

Los medios de prueba admitidos que fueron desahogados en la audiencia de juicio, así como la prueba anticipada, derivaron en una resolución de sentencia que se resolvió en 15 años de cárcel para el acusado, identificado como ALFREDO “N”, en tanto se aprobaron medidas de resguardo de identidad y datos personales de la ofendida en términos que establece el Código de Procedimientos Penales.

Especialistas del Centro de Justicia para las Mujeres utilizaron sus capacidades profesionales e institucionales para aplicar medidas de protección a la víctima, para garantizar su integridad física y psicológica, y exigir la reparación integral del daño, lo cual fue admitido por la autoridad judicial, además de que se negaron al acusado beneficios y sustitutivos de la pena privativa de libertad.

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