Busca GPPAN garantizar el derecho de los ciudadanos de votar y ser votado; propone reformas en materia electoral.  

• “Los ciudadanos eligen representantes para que éstos gobiernen y su voluntad tiene que ser respetada a la hora de ejercer de manera efectiva el derecho al sufragio”: Dip. Armando Rangel. 

Guanajuato, Gto., a 31 de marzo de 2022.- Como representantes de los guanajuatenses es nuestra responsabilidad velar por sus intereses y garantizar su derecho humano de votar y ser votado, destacó el diputado Armando Rangel al presentar una iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.  

Al hacer uso de la tribuna, a nombre del GPPAN, el legislador explicó que se propone eliminar el artículo que permite a los candidatos a presidentes municipales registrarse en la planilla para ocupar el cargo de regidor.  

Recordó que en la pasada Legislatura se tomó la decisión de adoptar dicha medida, sin embargo, durante la discusión de las modificaciones legales el GPPAN expuso varias dudas sobre su legalidad, ya que contravenían a la Ley.  

“En ese momento argumentamos que lejos de contribuir a que los reclamos ciudadanos recogidos en campaña fueran atendidos en el ayuntamiento, pudiera ser un elemento de riesgo para la gobernabilidad del propio municipio, al trasladar las diferencias cosechadas en el proceso electoral al cuerpo edilicio”, dijo.  

Mencionó que dicha figura, establecida en otros estados, obedece a que el proceso de elección de los ayuntamientos es distinto.  

“Una ley, y sobre todo una ley electoral, es un ente vivo que requiere permanentemente revisar sus resultados y poder actualizarlos de acuerdo con la realidad y a los efectos que ha provocado”, acentuó.  

Consideró que la reciente integración de los ayuntamientos permite conocer si se cumplieron los objetivos de la pasada reforma. “Hay elementos suficientes para hacer un ejercicio de análisis serio y revisar el sustento jurídico de tal disposición”.  

Finalmente, el diputado expuso que esta medida también tiene implicaciones legales que afectan el bien jurídico protegido consistente en la certeza del desarrollo de los comicios. 

La iniciativa se turnó a la Comisión de Asuntos Electorales para su análisis y dictamen.  

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